Varias figuras clave de la oposición venezolana, que enfrentan órdenes de arresto, se han refugiado en la residencia diplomática argentina en Caracas durante más de ocho meses, solicitando asilo. Sin embargo, la situación ha empeorado drásticamente tras las elecciones presidenciales de julio, donde Nicolás Maduro se declaró ganador sin presentar pruebas, lo que ha llevado a un aumento en las medidas represivas del régimen. Las autoridades han cortado el acceso a servicios básicos como electricidad, agua y alimentos, según Tomás Arias, abogado de los opositores.
Los seis asilados, quienes desempeñaron roles importantes en la campaña presidencial de la oposición, han sido objeto de tácticas intimidatorias por parte del gobierno. Desde las elecciones, la policía ha estado frecuentemente presente alrededor de la residencia, interrumpiendo el suministro eléctrico y dificultando el acceso a alimentos y agua. Esta situación ha sido descrita como un “terrorismo psicológico” por los propios opositores.
María Corina Machado, líder de la oposición, ha denunciado que estos opositores están siendo tratados como “rehenes” y sometidos a condiciones inhumanas. La presión sobre ellos se intensificó después de que el régimen venezolano expulsara a los diplomáticos argentinos y asumiera el control de la embajada brasileña. A pesar del apoyo internacional y las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, el régimen ha desestimado estas acusaciones como una “farsa”.
El futuro de estos opositores es incierto. A pesar de su situación crítica y el llamado a la comunidad internacional para que intervenga, el régimen se mantiene firme en su postura represiva.
