Un día después de dejar su cargo y perder la inmunidad, el exministro de Economía guatemalteco Acisclo Valladares Urruela se presentó el miércoles ante un juez tras los señalamientos que lo involucran con una estructura criminal que ofrecía sobornos a cambio de favores.
Según la investigación de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), entre 2012 y 2015 diputados recibieron sobornos de la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti con el objetivo de que se aprobaran leyes en el Congreso.
Una de esas leyes benefició a la empresa de telecomunicaciones TIGO. Según la FECI, Valladares Urruela, entonces representante legal de la empresa, le dio dinero a Baldetti para que se lo entregara a diputados del Congreso.
“Vine a ponerme a disposición para aclarar cualquier situación. Me someto a la justicia. Antes no podía porque tenía inmunidad por ser ministro de Economía”, dijo Valladares al presentarse ante un juzgado penal.
Por la mañana, la FECI había capturado a una exdiputada y declarado prófugos a otros cuatro excongresistas involucrados en supuestos casos de corrupción luego de que perdieran su inmunidad parlamentaria tras no ser reelectos para ocupar cargos en el Congreso y el Parlamento Centroamericano.
TAMBIÉN PUEDES LEER: EEUU y China firman la Fase 1 del acuerdo comercial
Aracely Chavarría, exdiputada del partido Movimiento Reformador, fue detenida en su residencia ubicada en el departamento de Santa Rosa. Chavarría está acusada del delito de tráfico de influencias y fue traslada a un juzgado de la Ciudad de Guatemala. Marco Antonio Lemus, exlegislador del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) fue declarado prófugo por el mismo delito.
Otro de los prófugos es Estuardo Galdámez, exdiputado y excandidato a la presidencia en las pasadas elecciones por el partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), quien está acusado de asociación ilícita y tráfico de influencias. En tanto, Rodolfo Moisés Castañón, también exdiputado por ese partido, es buscado por supuesto tráfico de influencias. FCN-Nación fue la fuerza que llevó a la presidencia a Jimmy Morales, quien traspasó el mando a Alejandro Giammattei la víspera.
Según la investigación de la FECI entre 2012 y 2014 los exdiputados aprovecharon su posición y su cercanía con el entonces ministro de Salud, Jorge Villavicencio, para crear una organización criminal que cobraba comisiones para la construcción y reparación de hospitales y centros de salud. Además, los excongresistas habrían usado su cargo para que se contrataran al menos a 450 allegados.
La fiscalía también declaró prófugo al exdiputado del Parlamento Centroamericano, Gilmar Othmar Sánchez Herrera, señalado en un caso de corrupción en el Registro de la Propiedad por el que fueron procesados y hallados no culpables el hijo y el hermano del expresidente Morales, decisión que fue apelada por el Ministerio Público. Sánchez es buscado por supuesto fraude y lavado de dinero.
Para Eddi Cux, presidente de Acción Ciudadana -filial de Transparencia Internacional en Guatemala-, que la acción de la fiscalía se haya producido un día después de que Giammattei anunciara que luchará contra la corrupción es un mensaje de que los casos no quedarán impunes y que habrá apoyo de las instituciones.
“Lastimosamente estos casos no avanzaron mientras ellos fueron funcionarios electos y siguieron causando daño, pero también es un mensaje de que la justicia puede alcanzar a esas personas. Que hayan sido detenidos o declarados prófugos da certeza de que ningún funcionario está libre de responsabilidades y serán perseguidos”, agregó Cux.
Durante su discurso de toma de posesión, Giammattei anunció la creación de una Comisión Presidencial contra la Corrupción para continuar con el trabajo de la desaparecida Comisión Internacional Contra la Corrupción en Guatemala (CICIG).
“Ahora quiero hablarles a los corruptos, sí, ellos saben quiénes son. Se acabó la fiesta del despilfarro, se acabaron las sobrevaloraciones de las obras... Invito a la fiscal general de la república y al contralor general de cuentas a perseguir la corrupción y la impunidad”, dio el nuevo mandatario.
La CICIG, dependiente de las Naciones Unidas, dejó de operar en Guatemala el 3 de septiembre de 2019 luego de que Morales decidió no renovar su periodo de trabajo. En 2017 y 2018 la Comisión había presentado dos solicitudes de retiro de inmunidad del mandatario por supuesto financiamiento electoral ilícito. La CICIG también había llevado a juicio al hijo y al hermano de Morales por corrupción, pero pese a que el hijo confesó los cargos ambos fueron absueltos por un tribunal.
TAMBIÉN PUEDES LEER: Presidente iraní pide ‘unidad nacional’ tras las protestas por el derribo del avión ucraniano
Durante su funcionamiento entre 2007 y 2019 la CICIG investigó e identificó más de 70 estructuras criminales y presentó más de 120 casos de alto impacto que fueron judicializados. Sus principales investigaciones irán a juicio este año.
Tras jurar al cargo Giammattei y sus 14 ministros firmaron un convenio de combate a la corrupción con la fiscal general, el contralor general de cuentas, el procurador general de la nación, el superintendente de administración tributaria y el superintendente de bancos.
