La Fiscalía de Bolivia ha emitido una nueva orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, solicitando su detención preventiva por seis meses en relación a una investigación por los delitos de trata de personas y estupro. El fiscal general, Róger Mariaca, confirmó que se busca que Morales cumpla esta medida en una cárcel pública.
La fiscal del caso, Sandra Gutiérrez, indicó que la imputación formal contra Morales y otros involucrados se realizó debido a un presunto abuso de una menor con quien el exmandatario habría tenido una hija en 2016. La situación es compleja, ya que la ejecución de la orden de aprehensión ha enfrentado dificultades operativas, especialmente en regiones donde Morales tiene un fuerte apoyo, como el trópico de Cochabamba. Esto ha generado riesgos para los funcionarios encargados de llevar a cabo la detención. Los abogados de Morales han argumentado que no fue notificado adecuadamente sobre la imputación y han criticado la falta de transparencia en el proceso.
Este no es el primer intento de aprehensión; ya se había emitido una orden similar en septiembre, pero fue suspendida por un recurso legal interpuesto por su defensa. La investigación ha continuado, y Morales no se presentó a declarar cuando fue citado en octubre, lo que llevó a la reactivación de la orden de captura. Además, se ha activado una alerta migratoria para evitar su salida del país.
Morales ha desestimado las acusaciones, alegando que son parte de una “guerra judicial” orquestada por el gobierno actual para eliminarlo del panorama político y evitar su posible candidatura en las elecciones de 2025.
