La extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, fueron condenados este miércoles en EE.UU. a 15 años de cárcel y 3 años de libertad vigilada cada uno por lavado de dinero.
Además deberán restituir 136 millones de dólares y pagar una multa de 75.000 dólares cada uno, según anunció el juez William P. Dimitrouleas en Miami.
La Fiscalía había pedido sentencias de no menos de 23 años y 5 meses de cárcel para ella y de 19 años y cinco meses para él.
Los dos ciudadanos venezolanos fueron extraditados a EE.UU. desde España en 2022 y juzgados ese mismo año en los tribunales de Fort Lauderdale (sur de Florida).
“La naturaleza y las circunstancias de su participación en un inmenso esquema de lavado y soborno que involucra más de mil millones de dólares en bonos y más de cien millones de dólares en pagos de sobornos merecen una sentencia significativa”, dice el documento de 23 páginas.
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La Fiscalía había dicho que no menos de 283 meses de cárcel para ella y no menos de 235 meses para él “serían lo suficiente y no más de lo necesario” dada la gravedad de los delitos cometidos. A ello se sumaría el decomiso de sus propiedades y multas.
Díaz Guillén y Velásquez Figueroa fueron personas de confianza de Hugo Chávez -son conocidos como la “enfermera” y el “guardaespaldas” del presidente de Venezuela fallecido en 2013- y se radicaron en España en 2016, según alegan, porque eran perseguidos por el actual mandatario venezolano, Nicolás Maduro.
Ambos tienen doble nacionalidad venezolano-española.
La Fiscalía calcula que obtuvieron al menos 136 millones de beneficio como resultado de su participación en el plan de corrupción basado en el sistema de control de cambios de Venezuela.
“EN EL CORAZÓN” DE LA CORRUPCIÓN EN VENEZUELA
El pasado 13 de diciembre el jurado del juicio halló culpable a Díaz Guillén de dos de los tres cargos que se le imputaban y a Velásquez Figueroa culpable de tres cargos.
Los abogados del matrimonio trataron sin éxito de que el juez Dimitrouleas aceptara el argumento de que el Gobierno estadounidense carecía de “jurisdicción extraterritorial” en este caso.
Ella formó parte del equipo de salud de Chávez antes de ser nombrada tesorera nacional, cargo que ejerció de 2011 a 2013, y él fue el jefe de seguridad de quien fue jefe de Estado de Venezuela desde 1999 hasta su muerte en 2013.