El gobierno de Nicaragua, liderado por el presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, ha juramentado a 30.000 civiles encapuchados como “policías voluntarios”. Este acto ha generado controversia, ya que la oposición en el exilio acusa al gobierno de legalizar fuerzas paramilitares a través de una reciente reforma constitucional.
La ceremonia se llevó a cabo en la Plaza de la Fe, en Managua, donde los nuevos “policías voluntarios”, vestidos con camisetas blancas, pantalones negros y rostros cubiertos, levantaron la mano derecha para jurar lealtad ante Ortega y Murillo. Murillo describió a estos grupos como “guerrilleros de la paz”.
Miles de encapuchados juran como policías en #Nicaragua
— DW Español (@dw_espanol) February 27, 2025
30.000 civiles encapuchados fueron juramentados por el Gobierno nicaragüense como "policías voluntarios". La oposición en el exilio acusa al presidente #DanielOrtega de legalizar paramilitares a través de una reforma… pic.twitter.com/aJvwDzs97c
La figura de la “policía voluntaria” fue creada mediante una reforma constitucional aprobada el 30 de enero por la Asamblea Nacional, dominada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Según informes, en las últimas semanas, alrededor de 50.000 hombres y mujeres de diversas provincias se han unido a este cuerpo auxiliar de las fuerzas de seguridad.
La oposición y grupos de derechos humanos expresan su preocupación, argumentando que esta medida institucionaliza a grupos paramilitares responsables de actos violentos durante las protestas antigubernamentales de 2018, que dejaron más de 300 muertos. Reed Brody, experto en derechos humanos, señaló que estos “policías voluntarios” evocan el papel de los grupos enmascarados que participaron en la represión letal de esas manifestaciones.
Además, empleados públicos, incluidos maestros, han denunciado que están siendo obligados a unirse a este nuevo cuerpo como condición para mantener sus empleos. La comunidad internacional sigue de cerca estos acontecimientos, preocupada por las implicaciones que puedan tener en la estabilidad y los derechos humanos en Nicaragua.