El Congreso de Perú ha implementado una controvertida prohibición que impide a sus trabajadoras el uso de minifaldas, pantalones cortos y jeans durante el verano, alegando que estas prendas son consideradas “inadecuadas” para el entorno laboral. Aquellas que no cumplan con esta normativa enfrentarán sanciones. Esta medida ha sido criticada por diversos sectores políticos y medios de comunicación, quienes la ven como un intento de desviar la atención de recientes escándalos de violación y una presunta red de prostitución dentro del Parlamento.
La controversia se intensificó tras el asesinato de Andrea Vidal, una exasesora del Congreso, quien estaba involucrada en la captación de mujeres para encuentros sexuales con altos funcionarios. Este caso ha suscitado dudas sobre la voluntad del Congreso para investigar a fondo los hechos, especialmente después de que miembros de la Comisión encargada renunciaran, argumentando que la investigación no podía basarse en un solo reportaje.
Además, una reciente denuncia contra el congresista José Jerí por violación ha puesto aún más presión sobre la institución, que cerró 2024 con un alarmante 8% de aprobación. Jerí ha negado las acusaciones, sugiriendo que podrían ser malentendidos.
La legisladora Susel Paredes criticó la nueva normativa de vestimenta, indicando que refleja un machismo arcaico y que el verdadero problema radica en el respeto mutuo entre las personas, independientemente de su vestimenta.
La situación se complica aún más con denuncias sobre el uso indebido de fondos públicos por parte de varios congresistas y la contratación sospechosa de Isabel Cajo, implicada en la red de prostitución.
La combinación de estos escándalos ha llevado a cuestionar la legitimidad y moralidad del Congreso peruano en un contexto donde se espera mayor responsabilidad y transparencia.
