Las protestas contra la desigualdad en Chile llegaron el miércoles a los barrios más acomodados de Santiago, cuando se cumplen 20 días de protestas y el presidente Sebastián Piñera envió un proyecto al Congreso para aumentar 16% el salario mínimo.
En una de las zonas más adineradas de la capital se registraba una imagen que hasta hoy sólo era visible en el centro de la ciudad: la de la policía dispersando a centenares de manifestantes con chorros de agua y gases lacrimógenos.
Además cerró el Costanera Center, el gran centro comercial de Santiago y edificio más alto de Sudamérica, todo un símbolo de la sociedad consumista en la capital, en un traslado consciente del movimiento social hacia zonas más privilegiadas. También se evacuó otro centro comercial, el Parque Arauco, situado igualmente en una zona más acomodada, en los barrios del sector alto situado al oriente de Santiago.
Varios encapuchados saquearon una farmacia y destruyeron un banco en el también barrio de clase media alta de Providencia, que aparecía bloqueado en la tarde y lleno de barricadas, una imagen también insólita en la capital chilena.
Las protestas también alcanzaron la sede del partido más conservador de Chile, la Unión Demócrata Independiente, que fue saqueada por varias decenas de personas, según informes de la TV chilena.
Piñera trató de aplacar los ánimos firmando en la mañana el envío al Congreso de la iniciativa que garantiza a aquellos que trabajan jornada completa y pertenecen al 90% de los hogares más vulnerables un ingreso mínimo de 350 mil pesos chilenos (unos 468 dólares), que será pagado en forma de un subsidio estatal.
“Estamos respondiendo con hechos y no solamente con buenas intenciones a lo que la gente ha demandado con tanta fuerza”, dijo Piñera. El salario mínimo actual se ubica en unos 402 dólares.
La medida beneficiaría a unas 540 mil personas, afirmó el mandatario, y la mayoría de estas ayudas estarán destinadas a pequeñas y medianas empresas. “Este es un beneficio que va a llegar al bolsillo y directamente” a los trabajadores chilenos, afirmó. “Con esto estamos dando un nuevo impulso a una agenda social”.
Pero la iniciativa fue interpretada en la calle como un “parche” que no soluciona la desigualdad social que existe en Chile y que no ha logrado resolver ningún gobierno desde el regreso de la democracia en 1990.
“Son manotazos de ahogado”, dijo a The Associated Press Jorge Cabrera, un vendedor ambulante de 48 años. “A mí no me convencen sólo con propuestas momentáneas, son cosas que se han solicitado hace más de 30 años: aumentar el sueldo mínimo, mejorar las pensiones, mejorar la salud”.
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Incluso algunos dudaron de la veracidad de la propuesta. “Ojalá que se arregle esto y sea verdad lo que dijo, que va a aumentar” el ingreso mínimo, expresó Flor Silva, de 70 años. Silva recibe una pensión de 130 mil pesos (unos 174 dólares) y tiene que vender productos en la calle para completar sus ganancias. En los dos buses que toma cada día para movilizarse gasta aproximadamente unos 60 dólares mensuales.
En la mañana, cientos de automóviles y camiones generaban grandes congestiones de tránsito en las autopistas de acceso a Santiago en reclamo de que se reduzcan en un 80% los peajes, se aplique una tarifa plana que no dependa de las horas de más tráfico y se condonen las deudas en peajes que tienen muchos chilenos.
Andrés Alarcón, uno de los dirigentes de la protesta de camioneros, dijo que el Ministerio de Obras Públicas les afirmó que tendrán que pagar lo que adeudan.
En medio de la congestión vehicular, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, que se dirigía al Congreso en el vecino puerto de Valparaíso, se bajó de su automóvil y conversó con los manifestantes. Una veintena de camioneros se interrumpían a viva voz y pedían la anulación de sus deudas.
Calmadamente Briones les explicó que “tenemos una cantidad de demandas sociales enormes, ustedes están conscientes de eso y hay gente que lo está pasando muy, muy mal en todos los sectores”.
En el interior del país se sucedían varias manifestaciones, muchas de las cuales fueron dispersadas violentamente por la policía.
El fiscal Manuel Guerra informó que 14 policías serán investigados por supuestas torturas a dos personas. Explicó que se investigaron imágenes de televisión que mostraban las agresiones que dejaron a un manifestante con “trauma ocular grave, fractura nasal, fracturas costales” y que un menor de 16 años “fue brutalmente golpeado de forma reiterada por dos funcionarios de carabineros (policías)”, tras ser detenido por infringir el toque de queda vigente a fines de octubre.
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A su vez se confirmó la detención del mayor de carabineros Humberto Tapia, acusado de haber disparado a dos menores durante la intervención policial en un recinto estudiantil. Las menores quedaron con heridas de perdigones.
El Colegio Médico alertó que se han registrado más de 180 personas con heridas oculares severas, especialmente causadas por balines de goma.
El presidente de la Sociedad Chilena de Oftalmología, Dennis Cortés, afirmó en una intervención en el Senado que “no hay ningún número en la historia de nuestra especialidad que avale estos números que tenemos en este momento. Más aún, cuando evaluamos esto a nivel internacional, haciendo una revisión exhaustiva del número de casos de pacientes que han perdido el globo ocular por uso de armas no letales, el número es también muy alarmante y lideramos tristemente esta cifra a nivel internacional”. El experto pidió a las autoridades responsables de la seguridad que “apliquen correctamente los protocolos al momento de resguardar el orden público”.
Un alza en la tarifa del subterráneo detonó hace 20 días violentos saqueos, incendios y destrucción de la mayoría de las estaciones del metro que dieron paso a multitudinarias protestas en todo el país y obligaron a Piñera a ofrecer un paquete de leves mejoras sociales --que deben ser aprobadas por el Congreso--, cambiar a ocho de sus 24 ministros, proponer rebajas en los millonarios sueldos de los congresistas y un alza en los impuestos a quienes ganan más de 11 mil dólares al mes.
