En un fallo que podría impactar directamente las sentencias de la operación anticorrupción Lava Jato y beneficiar al encarcelado expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, el Supremo Tribunal de Brasil decidió el jueves conceder un habeas corpus a un exgerente de la petrolera Petrobras que pidió la anulación de un proceso por corrupción en su contra al cuestionar que un reo delatado en un proceso debe poder manifestar sus alegatos finales con posterioridad al reo delator.
El habeas corpus es un derecho que un ciudadano detenido o preso tiene para comparecer inmediata y públicamente ante un juez o tribunal para que, oyéndolo, resuelva si su arresto fue o no legal, y si debe levantarse o mantenerse.
Una mayoría de seis de los once ministros del máximo órgano de justicia del país votaron por conceder el recurso, que abre las puertas a una catarata de pedidos de anulaciones de sentencias por casos de corrupción en los que intervino la figura del delator.
El fallo del jueves tendrá como beneficiario inmediato al exgerente de la petrolera, Márcio de Almeida Ferreira. Sin embargo, puede ser un precedente que determine la suerte de otros reos. Si bien la sentencia no tiene efecto vinculante, es decir, obligatorio, sí sirve como un lineamiento para los magistrados del país.
Cuando todavía restaban dos de los once votos, los ministros suspendieron la sesión en medio de discusiones sobre si el entendimiento de que los delatados tienen derecho a hablar por último en procesos es válido para todos los casos o apenas se aplica para el de Almeida Ferreira, juzgado el jueves.
El expresidente Lula, en prisión desde el 7 de abril de 2018 por corrupción pasiva y lavado de dinero, podría ser beneficiado por la decisión del máximo tribunal y podría aliviar su situación en la justicia. La tesis defendida por los magistrados permitiría la anulación de una de las dos condenas que pesan en su contra, en la que la justicia lo encontró culpable de haber recibido refacciones en una finca en Atibaia, en el interior de Sao Paulo, como pago de un soborno de una empresa constructora.
Sin embargo, el expresidente de 73 años y líder del Partido de los Trabajadores (PT) se encuentra detenido por otro caso, en el que fue condenado en primera y segunda instancia por haber recibido un departamento en Guarujá; por lo tanto, continuaría detenido.
El juzgamiento será retomado la semana próxima, y los jueces continuarán la discusión sobre los alcances de la decisión.
