Los guatemaltecos acudieron el domingo a las urnas para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que enfrentaban a la exprimera dama Sandra Torres con el conservador Alejandro Giammattei en una nación castigada por la pobreza, el desempleo y la migración.
Giammattei, que se presenta por cuarta ocasión al puesto, es el favorito en las dos últimas encuestas y representa a la derecha conservadora con el partido Vamos. El médico de 63 años quiere imponer mano dura contra el crimen y reintroducir la aplicación de la pena de muerte, se opone férreamente al matrimonio homosexual y al aborto, y defiende los valores tradicionales.
Torres estuvo casada _antes de divorciarse_ con el expresidente Álvaro Colom (2008-2012), pero tiene una carrera propia como empresaria, en la que dirigió una compañía textil. Promete mejorar la educación, la sanidad y la economía. También ha propuesto un plan anticorrupción, aunque ella y su partido han sido acusados por la fiscalía de financiarse ilícitamente en las elecciones de 2015.
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Los centros de votación abrieron a las 7 de la mañana cerrarán a las 6 de la tarde. Se esperan resultados preliminares para la noche del domingo. Hay unos 8 millones de votantes registrados en el país, pero es un desafío que la participación supere el 50%.
Rogelio Estrada, de 45 años y padre de dos hijos, fue uno de los primeros guatemaltecos en votar en un centro de votación ubicado al este de la capital. Estrada dijo a The Associated Press que espera que el proceso electoral se desarrolle sin hechos de violencia y que cualquiera de los candidatos que resulte electo se enfoque en combatir la corrupción y solucione los problemas que generan la migración.
“No importa quien resulte electo, cualquiera de los dos debe preocuparse en combatir la corrupción porque este gobierno (de Jimmy Morales) se dedicó a robar. El que gane también debe preocuparse en la seguridad y en el empleo para evitar que más guatemaltecos se vayan (migren) a Estados Unidos”.
Guatemala celebró la primera ronda de las elecciones generales el 16 de junio, pero ningún candidato consiguió votos necesarios para asumir el cargo.
Julio Solórzano, magistrado presidente del Tribunal Suprema Electoral, llamó a la población a salir a votar, ante la apatía histórica que caracterizan las segundas vueltas electorales.
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El ganador del domingo, que asumirá el cargo el 14 de enero, tendrá entre sus retos atajar el gran flujo de migrantes que salen hacia Estados Unidos.
El gobierno del presidente saliente, Jimmy Morales, firmó el 6 de julio un acuerdo con Estados Unidos que obligaría a salvadoreños, hondureños y otros migrantes a pedir asilo en Guatemala si cruzan al país en su ruta hacia Estados Unidos. El próximo presidente tendrá que implementar el acuerdo de “tercer país seguro”, que aún tiene recursos legales que salvar en el país, que podría reducir el número de migrantes que llegan a la frontera estadounidense.
Además de la migración, el nuevo gobierno también deberá enfrentar la desnutrición crónica de unos 800.000 niños menores de 5 años, un 90% de impunidad en el sistema de justicia, y los temas que preocupan a la población como la delincuencia, el desempleo, los crecientes costes de la vida y la arraigada corrupción.
Tres de los últimos cuatro presidentes electos fueron detenidos tras su mandato por acusaciones de corrupción. Morales decidió no renovar el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, una comisión anticorrupción de Naciones Unidas, tras verse acusado de incumplir las normas de financiamiento electoral. La comisión finaliza en septiembre tras 12 años de trabajo en el país y de desarticular más de 60 estructuras del crimen organizado.
El politólogo Ricardo Barreno del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos dice que el próximo presidente debe lidiar, además de la migración, con un Congreso dividido e integrado por 19 partidos políticos y con una deteriorada imagen en el exterior.
“El nuevo gobernante debe liderar un país que desde fuera es visto (por otros países) como una nación con retrocesos en la lucha contra la corrupción a raíz de la no renovación del mandato de la CICIG”, opinó Barreno.
La campaña se ha visto marcada por una caótica sucesión de decisiones judiciales, intrigas, cambios ilegales de partido y acusaciones de malas prácticas que truncaron las candidaturas de dos de los tres favoritos a la presidencia.
