Como si la corrupción generalizada fuera poco, vivimos en un país anárquico donde cada autoridad, ya sea nacional o regional, dispone de las leyes y normas a su discreción sin importar cómo ello afecte a los ciudadanos.
La denuncia pública expresada por una panameña afectada por el actuar de policías y autoridades municipales en un retén en Panamá Oeste en días pasados es solo el corolario de una serie de abusos a los que estamos siendo sometidos los ciudadanos por buena parte del sistema con la excusa de la lucha contra la covid-19.
Estas malas prácticas, que van más atrás del periodo poscovid, han minado la confianza y el respeto de los ciudadanos hacia el sistema y sus autoridades, que son vistas como abusivas, intransigentes y antojadizas.
Estas conductas promueven una sociedad resentida que en algún momento estallará en la búsqueda de hacer valer sus derechos. Esperemos que no haya que llegar hasta ese punto y que nuestras autoridades aprendan de una vez a ejercer sus cargos con apego a las normas, sentido común y respetando la dignidad de los ciudadanos.
